Los desafíos en la auditoría de la Administración Pública

El autor resalta el rol de los controles internos dentro del Estado y la oportunidad única que presenta la nueva normativa sobre Datos Abiertos. El eje del debate: el conocimiento de la sociedad.

La función de control interno es tan antigua como la de la propia gestión pública. Si bien en nuestro sistema normativo nacional goza de apenas veinticinco años, la dinámica transformadora que ha mutado la Administración nacional afecta de lleno nuestra labor como auditores gubernamentales. Hace una década debatíamos el impacto de la participación ciudadana en la administración general del país, y esbozábamos un ensayo de respuesta teorizando sobre el control social. Actualmente, nos encontramos inmersos en un contexto institucional donde el control ciudadano es una realidad diaria y cada individuo se convierte en multiplicador horizontal de los aciertos o errores de la “cosa pública”.

Frente a ello, nuestra función como auditores debe adaptarse a la velocidad en que la información se replica por dos principales razones. La primera, es la necesidad de desarrollar un modelo de control posterior inmediato que permita corregir los desvíos detectados antes  que el proceso o la tecnología de gestión se convierta en obsoleta. La segunda es evitar aquella pregunta incómoda e injustificada que la gestión solapa como expiadora de culpas cuando un desvío adquiere público conocimiento: ¿Dónde estaba auditoría interna cuando pasó esto?

Pero este desafío es sólo el principio del horizonte más cercano que atravesará nuestro país en los próximos meses. La República Argentina viene desarrollando una política pública constante en materia de Gobierno Abierto. Esto le ha valido a nuestro país un salto de treinta y cuatro posiciones, quedando ubicada en el puesto 20 del Índice Global de Datos Abiertos. Uno de los hitos que nos ha merecido semejante reconocimiento es la sanción de la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública. Un reclamo histórico de la sociedad civil para fortalecer nuestro sistema republicano de gobierno y que entrará en vigor en septiembre próximo.

Entre sus numerosas disposiciones, se halla aquella que permitirá el acceso de la población en general a nuestros informes de auditoría interna, como consecuencia directa de políticas de transparencia activa. Frente a ello, como auditores de un sector público atravesado por intereses políticos en cada uno de sus estratos, debemos plantearnos numerosos interrogantes: ¿La sociedad conoce nuestra labor diaria? Y más aún: ¿podrán comprender el objetivo de un informe de auditoría? La respuesta resulta no menos incierta.

La auditoría gubernamental no es tema en agenda de la sociedad, en general; ni de los medios de comunicación -como encargados de informar a la comunidad-, en particular. Basta con evidenciar que el centro de las causas de corrupción se disputa en la arena judicial, sin prestar atención que muchas de dichas querellas tienen inicio en el seno de la propia administración en manos de auditores internos. La anticorrupción -o la corrupción, mejor dicho- copan la escena comunicacional y social; soslayando los mecanismos internos que diariamente trabajan para mantener la legalidad, la ética y la eficiencia del ámbito público.

Esta nueva disposición legal se suma como aditamento a una relación de por sí bastante compleja que nos vincula con nuestro auditado. Una interacción que tiende a descansar más sobre nuestras habilidades blandas de comunicación e inteligencia emocional que sobre nuestra idoneidad técnica. A la cual, a partir de ahora se incorporará una comunidad totalmente ajena a nuestra temática, pero que solapa actores sociales calificados con intereses privados que también serán receptores de dicha información, tales como, los partidos políticos, organizaciones no gubernamentales y los medios de comunicación.

¿Tendrán dichos actores -y la sociedad que los escucha- capacidad de entender la importancia y oportunidad del control? ¿Podrán comprender que un informe de auditoría no es el final del camino a recorrer sino solo el hito que marca los desvíos sobre los cuales se trabaja arduamente y en conjunto con el auditado para subsanar? La información es de la ciudadanía, ello no está en tela de discusión, pero ¿cuál será la oportunidad de subsanación del auditado -como ejercicio del derecho a réplica-   si el informe se publica inmediatamente después de su producción?

La generación de datos abiertos -y más aún de información abierta- es una excelente herramienta democratizadora que acerca el Estado a la gente y le permite no sólo conocerlo sino también ser parte de ello. En lo que refiere al control interno, el control social como consecuencia de la transparencia sin duda redundará en beneficio tanto del auditado como del auditor. Puesto que el primero sentirá la mirada de toda una comunidad para la cual trabaja en cada una de las decisiones de política pública que adopte.

En nuestro caso, la auditoría será una fuente de información reconocida y podrá empoderar nuestro trabajo si llegamos a conclusiones acertadas para la ciudadana. Asimismo, debemos concluir que la Ley de Acceso a la Información Pública nos impone también el enorme objetivo de realizar nuestra labor diaria de auditoría gubernamental con la mayor eficacia, eficiencia y economía que le exigimos a nuestros auditados; pero por sobre todas las cosas, nos desafía a lograr la mayor comprensión posible sobre el complejo servicio que brindamos a toda la Administración Pública. ¿Podremos? Sólo el tiempo nos dirá si hemos estado a la altura de las expectativas ciudadanas.

Joaquín Pinotti, Socio del IAIA.

El Cronista Suplemento Gobierno 18-08-17articulo_pinotti

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