Durante las últimas dos décadas el mundo tomó conciencia respecto de los efectos perjudiciales de la corrupción. Latinoamérica se encuentra en un proceso de cambio en relación con su lucha al promulgar leyes específicas de aplicación para empresas privadas, sancionándolas por realizar prácticas corruptas que involucren a funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Argentina no se quedó fuera de esta tendencia regional e inició un proceso de transformación y transparencia institucional.
Nuestro país tiene por primera vez en su historia la oportunidad de contar con un mayor marco de transparencia y protección ante la corrupción corporativa. El proyecto de ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas no es una simple iniciativa individual, por el contrario, es parte de un conjunto de nuevas leyes y políticas públicas de integridad, ética y transparencia. Desde 2016 se promociona la incorporación de este tipo de prácticas, tanto en empresas como en el sector público, para elevar los estándares de cumplimiento.
Hasta hoy las leyes argentinas sólo se habían limitado a penalizar a las personas físicas que pudieran cometer delitos de corrupción. Mientras que las empresas estaban exentas de acarrear alguna sanción, pena o multa por estos actos ilícitos ejercidos por sus funcionarios al representarlas. Al mismo tiempo, la Justicia argentina tampoco había tenido injerencia en delitos de cohecho transnacionales que pudieran cometer empresas locales.
La nueva legislación, que prevé sanciones a las empresas, pretende incentivar a hacer negocios éticos y sin ofrecer sobornos al sector público.
El principal objetivo es elevar la eficiencia de los sistemas formales de prevención, control, investigación y sanción de hechos de corrupción, que generarán mayor autorregulación por parte de las compañías respecto de la prevención de este tipo de delito. A partir de su promulgación, deberían reevaluar la eficacia de los controles a la luz de un ambiente para su aplicación.
No caben dudas de que incentivará a las organizaciones a mejorar sus sistemas de control interno, ya que prevé la existencia de un programa de integridad adecuado en cada empresa, acorde con su dimensión y su capacidad económica, que guarda relación con los riesgos propios de su actividad e industria en la cual se desenvuelven. Por ello, un programa de integridad colabora con el fortalecimiento de las estructuras de control interno de las empresas al beneficiar, directa e indirectamente, a la función de auditoría interna, involucrar a todas las líneas de defensa con base en el apoyo que el más alto nivel otorgue al programa.
Aunque parezca una obviedad, robustecer un sistema de control interno anticorrupción implica tener una evaluación de riesgos que incluya la identificación, clara y específica, de riesgos de corrupción. En el proyecto de ley, de alguna manera, así se lo exigiría a las empresas. Por ello, tener un enfoque basado en riesgos debe ser el principio subyacente en cada uno de los elementos de un programa de integridad. Definitivamente, su implementación será de utilidad para detectar nuevos riesgos, mitigarlos y revisar los impactos o las remediaciones de los existentes. Incluso, los que no se hayan identificado o tratado en el pasado como pueden ser los reputacionales, de fraude, de cohecho o simplemente de malas prácticas de negocios, podrán incluirse en el nuevo esquema que presente el proyecto para fortalecer el gobierno corporativo.
La necesidad de contar con un programa de integridad surge fácilmente al tratar de responder la pregunta: ¿Qué pasaría si el nombre de la empresa o el de uno de sus funcionarios salen en los medios vinculados con un caso de corrupción? ¿Está la alta dirección decidida a pasar estar prueba?
La corrupción es nociva para los negocios globalmente. Dentro de su Guía Práctica del Programa Anticorrupción de Ética y Cumplimiento para las Empresas, las Naciones Unidas indicaron que este delito sofoca el crecimiento económico, distorsiona la competencia y presenta graves riesgos legales y reputacionales. La corrupción ahuyenta a los inversores, ya que actúa como un impuesto o un peaje oculto, o un cobro administrativo ilegal, lo que aumenta consecuentemente los costos para las empresas, sus partes vinculadas y, al final, para la sociedad. El pacto global de Naciones Unidas compromete a las empresas que lo suscriben a luchar activamente contra la corrupción como uno de sus cuatro pilares de acción.
Es claro que la corrupción no puede seguir siendo parte de los negocios, como es usual, y quienes no reconozcan esta verdad estarán nadando contra la corriente.
Por María Soledad Urri Socia y Directora del Comité de Trabajo del Instituto de Auditores Internos de Argentina.
